H. Matamoros, Tamps., 23 de Octubre del 2014
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Sí fue fusilamiento, dice CNDH a 4 meses

México, D.F.- A casi cuatro meses de los hechos y tras desestimar una posible ejecución extrajudicial, el ombudsman Raúl Plascencia rectificó ayer su postura sobre la muerte de civiles a manos de militares el 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México.

Al dar a conocer ayer la Recomendación 51/2014, el Presidente de la CNDH reconoció que en esos hechos 15 civiles -entre ellos tres menores de edad- habrían sido asesinados por elementos del Ejército.

Ejecución
Los restos de tres de las víctimas, explicó, fueron reubicados, lo que hace presumir una ejecución, y 12 más habrían sido asesinados después de haberse rendido.
Por otra parte, 4 personas habrían muerto durante el enfrentamiento con los militares y 3 más habrían sido víctimas del fuego cruzado.
El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, manifestó que este hecho constituye una de las peores violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó tras sus investigaciones que ocho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejecutaron a 15 de las 22 personas que murieron tras los hechos de violencia ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México.
Explicó que los 15 civiles -entre quienes se encuentran dos adolescentes de 17 años de edad- fueron privados de la vida por militares, luego de que ya se habían rendido y estaban sin armas.
Dijo que en un principio se habló de que las 22 muertes se produjeron a raíz de un enfrentamiento debido a que esa fue la información que la Sedena había dado a conocer.
Sin embargo, explicó que durante las indagatorias pudo conocer que los cuerpos y la escena de los hechos fue manipulada por los soldados involucrados para hacer parecer que en efecto todas las personas habían fallecido durante un enfrentamiento.
Señaló que autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México obstaculizaron la entrega de imágenes para poder realizar las investigaciones.
El ombudsman nacional indicó que pese a ello, ninguno de los militares involucrados tiene un proceso penal abierto por homicidio.
Ante estos hechos, Plascencia Villanueva emitió la recomendación 51/2014, mediante la cual solicitó a la Sedena, a la Procuraduría General de la República y al gobierno del Estado de México, para que se repare el daño a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes.